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Se inicia el juicio por el accidente que causó la muerte de 301 mineros en Turquía en mayo de 2014

Los fiscales han descubierto que la compañía minera había sido informada de, pero aparentemente ignoró, los claros signos de peligrosos niveles de acumulación de gas y el creciente calor en la mina

El juicio por el mayor desastre minero de la historia de Turquía -el accidente de Soma, ocurrido en mayo del año pasado, en el que perdieron la vida cerca de trescientos mineros- se ha iniciado el 13 de abril  en medio de grandes tensiones. Doscientos cincuenta agentes de policía fueron desplegados alrededor del tribunal para evitar incidentes, y otros tres mil se encuentran destacados en las cercanías, prestos para intervenir en caso necesario.

De hecho, por decisión del juez, los ocho principales acusados, antiguos gerentes y propietarios de la mina, no fueron llamados a declarar durante los dos primeros días, lo que contribuyó a calentar los ánimos de los familiares de las víctimas.  El miércoles, por fin, estos imputados comparecieron ante el tribunal, increpados por los parientes de los fallecidos.

La fiscalía les acusa de no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para prevenir el accidente, lo que se traduciría en un «acto criminal con resultado de muerte». Por ello, pide para cada imputado una pena de 25 años de prisión por cada uno de los 301 mineros fallecidos, lo que resultaría en un total de 7.525 años de cárcel. A ello habría que sumar otros tres años por cada uno de los más de 160 mineros heridos. La causa generalmente aceptada del accidente fue un terrible incendio en el interior de una de las galerías, provocado por la acumulación de gas a altas temperaturas, aunque se espera que los informes técnicos presentados durante el juicio contribuyan a determinar con certeza este punto.

El director ejecutivo de la explotación, Can Gürkan, ha asegurado carecer de responsabilidad por lo sucedido. «No soy un ingeniero, un técnico o un experto en seguridad laboral. Soy solo un ejecutivo y no tengo formación técnica, por lo tanto no puedo ser considerado responsable del accidente», afirmó el miércoles ante el tribunal. «Hasta hoy, aún no tengo ni idea de por qué ocurrió este accidente. Hasta donde sé, la posibilidad de un incendio era casi inexistente. Creo que se trató de un sabotaje», declaró.

Ayer, Gürkan volvió a insistir en su inocencia. «Lo que más me duele son los cargos. No soy un asesino», expresó. «Deseo que seamos puestos en libertad y podamos llevar a cabo nuestra propia investigación para aportar luz sobre el accidente. Sigo luchando para entender qué paso, y espero aportar una explicación», dijo a la corte.

Otras 37 personas están también acusadas de homicidio por negligencia. Sin embargo, la fiscalía ha visto obstruida toda posibilidad de investigar las posibles responsabilidades políticas en el accidente, como el hecho de que la mina hubiese pasado una inspección pocas semanas antes de la tragedia, o las conexiones entre los propietarios de la explotación y el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna Turquía. Ello a pesar de que hace apenas unos meses el Defensor del Pueblo acusase de negligencia a los funcionarios encargados de la supervisión de las compañías mineras, o que se haya descubierto que la empresa, la Compañía Minera de Soma, vendió al estado más de 750.000 toneladas de piedras en lugar de carbón, según informó en enero el Tribunal de Cuentas de Turquía. Aún después de esta revelación, la empresa obtuvo una nueva licencia para una futura explotación en la provincia de Amasya.

«El juicio de los empleados de la empresa minera de Soma ofrece a las víctimas una oportunidad de obtener alguna medida de justicia, pero no cubre la responsabilidad de los agentes del estado que fracasaron en su deber de proteger las vidas de los mineros», afirma Emma Sinclair-Webb, investigadora en Turquía de Human Rights Watch. «El papel gubernamental en el desastre de Soma debe ser investigado y corregido si Turquía pretende revertir su terrible expediente en accidentes mineros evitables», asegura.

Esta ONG de derechos humanos ha llevado a cabo su propia investigación sobre lo sucedido, resumida en un reciente comunicado de prensa. «Los fiscales han descubierto que la compañía minera había sido informada de, pero aparentemente ignoró, los claros signos de peligrosos niveles de acumulación de gas y el creciente calor en la mina, que contribuyeron a las muertes», afirma HRW, que entrevistó a decenas de mineros supervivientes y parientes de los fallecidos. «Todos hablaron de un patrón de inspecciones inefectivas, falta de implementación de estándares adecuados de salud y seguridad, y de infraestructura, equipación y materiales inadecuados para el elevado número de números. Los entrevistados incidieron repetidamente en el énfasis de la compañía en maximizar la producción de carbón, aparentemente a costa de la seguridad», explica.

Más escandaloso aún, a ojos de la mayoría de los observadores, es que el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan haya paralizado legalmente toda investigación sobre los funcionarios públicos implicados en el incidente, así como un apagón informativo sobre la cuestión para los medios turcos. «Es muy preocupante que el gobierno pueda bloquear las investigaciones de la fiscalía acerca de funcionarios del estado por comportamiento criminal invocando una antigua ley sobre autorizaciones administrativas», se lamenta Sinclair-Webb.

El director de cine Faik Ahmet Akinci, que pretendía filmar un documental sobre la tragedia, también se ha quejado de obstrucción por parte de los poderes políticos, en este caso el gobernador de la provincia de Manisa, Erdogan Bektas. «El gobernador de Manisa actúa como si fuese el jefe provincial del AKP. Ha movilizado todo a su disposición para cubrir este asesinato de masas», afirma Akinci, quien asegura que incluso los sindicatos de minería de la región «protegen los derechos de los empleados en lugar de los de los mineros».
Fuente: ABC

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